Dolarización

Dolarización

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta Ecuador es la sostenibilidad de la dolarización. Con 21 años de vigencia, el esquema monetario enfrenta el mismo reto que en su nacimiento: la necesidad de un balance externo favorable para la generación de divisas. Sumado a esto, el manejo de déficits fiscales permanentes, hasta 2018, financiados parcialmente con deuda al Banco Central, presiona la capacidad de respuesta y cobertura de las reservas internacionales.

El 2017 cerró con un déficit fiscal de alrededor de USD 4 mil millones.

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La dolarización no impone restricciones fiscales. Sin embargo, la administración de déficits fiscales permanentes del Sector Público No Financiero genera presiones en el sistema monetario, a través de dos vías:

i) la necesidad de financiamiento externo (que explica el saldo global de la balanza de pagos actual); y ii) la necesidad de financiamiento interno, en donde el crédito público presiona la cobertura de las reservas internacionales (recursos que aseguran el cumplimiento de las transacciones internacionales de los agentes locales públicos y privados).

Los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes (tributarios), y solo de manera excepcional pueden financiarse con ingresos no permanentes (petroleros). El saldo entre ambas categorías da cuenta de las dificultades del ajuste del gasto corriente.

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La independencia del Banco Central del Ecuador debe ser integral en relación con el Gobierno Central, cuyos incentivos políticos están alineados a la expansión del gasto público y el sobreendeudamiento; y con relación a los intereses del Sistema Financiero Privado, cuyos estímulos se alinean a la maximización de la rentabilidad y flexibilización de los mecanismos de control.

Los mecanismos de repago que utilizó el Gobierno Central, junto con otras operaciones de crédito a la banca pública, asciendieron a U$S 6,7 mil millones en enero de 2021. Esto perjudica el balance del Banco Central de Ecuador.

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La salud de la dolarización depende tanto del flujo neto de divisas al país como del mecanismo que alimenta la liquidez del sistema. La pérdida constante de reservas internacionales ha generado un deterioro de la balanza de pagos, que desde el 2015 se financia fundamentalmente por la deuda del Gobierno central. Mejorar este balance con fuentes alternativas de generación de divisas, es un reto de sostenibilidad del sistema.

En 2020, el FMI preveyó una caída aproximada del 18% en la balanza de pagos. Es decir, un saldo de alrededor de ‒2.186 millones USD (frente a los ‒1.858 USD millones de 2017).  

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Una reforma a la fijación de las tasas máximas de interés para las operaciones activas (cobradas en créditos de consumo, hipotecario, microcrédito, entre otros) y pasivas (las que se pagan por depósitos o inversiones) del sistema financiero nacional requiere sopesar las ventajas de incorporar el factor de riesgo en la determinación de los niveles máximos y el incremento de los costos financieros para los agentes económicos, con sus consecuencias negativas en la demanda de crédito.

La tasa de interés se conforma de varios elementos. Al menos tres de ellos (fondeo, costos operativos y margen financiero) dependen de la eficiencia y competencia del sector financiero. En teoría, con mayor competencia, las tasas deberían reducirse. 

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La dolarización no impone restricciones fiscales. Sin embargo, la administración de déficits fiscales permanentes del Sector Público No Financiero genera presiones en el sistema monetario, a través de dos vías:

i) la necesidad de financiamiento externo (que explica el saldo global de la balanza de pagos actual); y ii) la necesidad de financiamiento interno, en donde el crédito público presiona la cobertura de las reservas internacionales (recursos que aseguran el cumplimiento de las transacciones internacionales de los agentes locales públicos y privados).

Los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes (tributarios), y solo de manera excepcional pueden financiarse con ingresos no permanentes (petroleros). El saldo entre ambas categorías da cuenta de las dificultades del ajuste del gasto corriente.

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La independencia del Banco Central del Ecuador debe ser integral en relación con el Gobierno Central, cuyos incentivos políticos están alineados a la expansión del gasto público y el sobreendeudamiento; y con relación a los intereses del Sistema Financiero Privado, cuyos estímulos se alinean a la maximización de la rentabilidad y flexibilización de los mecanismos de control.

Los mecanismos de repago que utilizó el Gobierno Central, junto con otras operaciones de crédito a la banca pública, asciendieron a U$S 6,7 mil millones en enero de 2021. Esto perjudica el balance del Banco Central de Ecuador.

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La salud de la dolarización depende tanto del flujo neto de divisas al país como del mecanismo que alimenta la liquidez del sistema. La pérdida constante de reservas internacionales ha generado un deterioro de la balanza de pagos, que desde el 2015 se financia fundamentalmente por la deuda del Gobierno central. Mejorar este balance con fuentes alternativas de generación de divisas, es un reto de sostenibilidad del sistema.

En 2020, el FMI preveyó una caída aproximada del 18% en la balanza de pagos. Es decir, un saldo de alrededor de ‒2.186 millones USD (frente a los ‒1.858 USD millones de 2017).  

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Una reforma a la fijación de las tasas máximas de interés para las operaciones activas (cobradas en créditos de consumo, hipotecario, microcrédito, entre otros) y pasivas (las que se pagan por depósitos o inversiones) del sistema financiero nacional requiere sopesar las ventajas de incorporar el factor de riesgo en la determinación de los niveles máximos y el incremento de los costos financieros para los agentes económicos, con sus consecuencias negativas en la demanda de crédito.

La tasa de interés se conforma de varios elementos. Al menos tres de ellos (fondeo, costos operativos y margen financiero) dependen de la eficiencia y competencia del sector financiero. En teoría, con mayor competencia, las tasas deberían reducirse. 

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