Derechos humanos

Durante los cuatro años de Gobierno de Lenín Moreno, se incumplieron obligaciones adquiridas por el Estado ecuatoriano frente al sistema universal y regional de derechos humanos. Esto afecta la aplicabilidad de la normativa internacional en el país, lo que se ve reflejado en el incumplimiento de las 182 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU). Así, se identifica una ausencia de responsabilidad estatal hacia las obligaciones adquiridas frente a organismos internacionales.

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El legítimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica encuentra vulneraciones en Ecuador (el paro nacional de octubre 2019 es un caso representativo), especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza, la represión policial y la vulneración del derecho a la consulta, el diálogo y la paz.

La vulneración del derecho a la protesta implica el incumplimiento del 29% de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, que se enfocan en acceso a justicia e instituciones fuertes.

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Las políticas extractivistas, acompañadas del incumplimiento de acuerdos bilaterales y políticas nacionales de paz y seguridad en la frontera norte, condicionan a la población afroecuatoriana a una crisis social, política y económica, agravada por la omisión del Estado ecuatoriano y sus fallas en el desarrollo integral de dicha población.

La provincia de Esmeraldas, cuya población es mayoritariamente afro, tiene un 65% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).

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Las olas masivas de migración venezolana y colombiana ponen a Ecuador como el país que más refugiados acoge en toda la región. Las respuestas xenófobas, traducidas en decretos y políticas migratorias, especialmente durante 2018 y 2019, vulneran la normativa nacional y los convenios internacionales de libre movilidad humana.

Más del 40% de los migrantes que llegaron al país entre 2017 y 2019 no poseían un estatus regular.

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El 12% de recomendaciones del Examen Periódico Universal se enfocaron en materia de erradicación de la violencia basada en género. Sin embargo, se identifica un incumplimiento de la política de Estado para erradicar la violencia de género. Esto se traduce a cifras alarmantes como que Ecuador se ha posicionado como el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente y 6 de cada cada 10 mujeres ecuatorianas que han sufrido algún tipo de violencia de género.

2.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en el país.

Se han registrado 448 feminicidios entre 2017 y noviembre de 2019.

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Las condiciones de hacinamiento y la ausencia de medidas alternativas de rehabilitación social para las personas privadas de libertad se presentan como una serie de vulneraciones a principios universales de respeto a los derechos humanos y como un estímulo para los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En 33 de los 55 centros de rehabilitación social en Ecuador, se reportaron niveles de hacinamiento. En 2007 se registraban 9.000 personas privadas de libertad (PPL), cifra que alcanzó más de las 40.000 personas en el 2020.  

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El legítimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica encuentra vulneraciones en Ecuador (el paro nacional de octubre 2019 es un caso representativo), especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza, la represión policial y la vulneración del derecho a la consulta, el diálogo y la paz.

La vulneración del derecho a la protesta implica el incumplimiento del 29% de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, que se enfocan en acceso a justicia e instituciones fuertes.

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Las políticas extractivistas, acompañadas del incumplimiento de acuerdos bilaterales y políticas nacionales de paz y seguridad en la frontera norte, condicionan a la población afroecuatoriana a una crisis social, política y económica, agravada por la omisión del Estado ecuatoriano y sus fallas en el desarrollo integral de dicha población.

La provincia de Esmeraldas, cuya población es mayoritariamente afro, tiene un 65% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).

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Las olas masivas de migración venezolana y colombiana ponen a Ecuador como el país que más refugiados acoge en toda la región. Las respuestas xenófobas, traducidas en decretos y políticas migratorias, especialmente durante 2018 y 2019, vulneran la normativa nacional y los convenios internacionales de libre movilidad humana.

Más del 40% de los migrantes que llegaron al país entre 2017 y 2019 no poseían un estatus regular.

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El 12% de recomendaciones del Examen Periódico Universal se enfocaron en materia de erradicación de la violencia basada en género. Sin embargo, se identifica un incumplimiento de la política de Estado para erradicar la violencia de género. Esto se traduce a cifras alarmantes como que Ecuador se ha posicionado como el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente y 6 de cada cada 10 mujeres ecuatorianas que han sufrido algún tipo de violencia de género.

2.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en el país. Se han registrado 448 feminicidios entre 2017 y noviembre de 2019.  

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Las condiciones de hacinamiento y la ausencia de medidas alternativas de rehabilitación social para las personas privadas de libertad se presentan como una serie de vulneraciones a principios universales de respeto a los derechos humanos y como un estímulo para los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En 33 de los 55 centros de rehabilitación social en Ecuador, se reportaron niveles de hacinamiento. En 2007 se registraban 9.000 personas privadas de libertad (PPL), cifra que alcanzó más de las 40.000 personas en el 2020.  

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