Lucha contra la corrupcion

Lucha contra la corrupción

En Ecuador, el índice de percepción de corrupción mejoró desde 2017 a 2019. La mayoría de los esfuerzos identificados en este Gobierno se han enfocado en la sanción.

El 88% de los ecuatorianos piensa que al menos la mitad de los políticos están involucrados en actos de corrupción.

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Desde julio de 2018, Ecuador forma parte de la Alianza para Gobierno Abierto e implementa el Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), que tiene 10 compromisos. Por otro lado, el acceso a la información pública, a través de los portales web de las instituciones gubernamentales, continúa siendo un importante reto para el país.

Solo el 2% de los GAD municipales trasparentan y difunden toda la información requerida por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), según el Índice de Transparencia Activa, 2019.

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Ecuador ha ratificado las dos convenciones más importantes sobre transparencia y promoción de la integridad: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. No obstante, la lucha contra la corrupción en el país es limitada hasta la fecha, principalmente, porque no existe un único sistema que articule al interior de las instituciones gubernamentales un plan consensuado en términos de prevención, detección, sanción y reparación de la corrupción.

En 2019 La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) presentó el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción (2019 – 2023). Sin embargo, no hay información sobre el avance de las metas del Plan.

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Desde la campaña electoral, el actual presidente Lenín Moreno propuso convocar a un pacto nacional para diseñar e implementar acciones concretas de prevención, detección, sanción y reparación, en el marco de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de las varias iniciativas existentes, como el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la recuperación de capitales y la extinción del dominio de bienes de origen ilícito, no consiguió diseñar e implementar políticas públicas o acciones integrales, sostenidas y de carácter nacional para la lucha contra la corrupción.

Se han presentado 24 proyectos de ley en el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción. De ellos, 19 proyectos son de iniciativa legislativa y cuatro provienen del ejecutivo. Dos proyectos iniciados por el ejecutivo fueron aprobados en este periodo legislativo.

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Regularizar y transparentar el financiamiento a la política es fundamental. En Ecuador, el Fondo de Promoción Electoral fue de $24 millones para las elecciones de 2017. El actual Reglamento para el Control de la Propaganda y Publicidad Electoral, aprobado el pasado 26 de noviembre de 2020 por el Consejo Nacional Electoral, contempla el control y regularización del gasto electoral en redes sociales.

Al analizar el gasto electoral de las elecciones de 2017, se encuentra que las candidaturas gastaron, en promedio, entre el 9% y 40% del gasto electoral fijado ($1.922.504) en Twitter.

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Desde julio de 2018, Ecuador forma parte de la Alianza para Gobierno Abierto e implementa el Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), que tiene 10 compromisos. Por otro lado, el acceso a la información pública, a través de los portales web de las instituciones gubernamentales, continúa siendo un importante reto para el país.

Solo el 2% de los GAD municipales trasparentan y difunden toda la información requerida por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), según el Índice de Transparencia Activa, 2019.

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Ecuador ha ratificado las dos convenciones más importantes sobre transparencia y promoción de la integridad: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. No obstante, la lucha contra la corrupción en el país es limitada hasta la fecha, principalmente, porque no existe un único sistema que articule al interior de las instituciones gubernamentales un plan consensuado en términos de prevención, detección, sanción y reparación de la corrupción.

En 2019 La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) presentó el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción (2019 – 2023). Sin embargo, no hay información sobre el avance de las metas del Plan.

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Desde la campaña electoral, el actual presidente Lenín Moreno propuso convocar a un pacto nacional para diseñar e implementar acciones concretas de prevención, detección, sanción y reparación, en el marco de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de las varias iniciativas existentes, como el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la recuperación de capitales y la extinción del dominio de bienes de origen ilícito, no consiguió diseñar e implementar políticas públicas o acciones integrales, sostenidas y de carácter nacional para la lucha contra la corrupción.

Se han presentado 24 proyectos de ley en el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción. De ellos, 19 proyectos son de iniciativa legislativa y cuatro provienen del ejecutivo. Dos proyectos iniciados por el ejecutivo fueron aprobados en este periodo legislativo.

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Regularizar y transparentar el financiamiento a la política es fundamental. En Ecuador, el Fondo de Promoción Electoral fue de $24 millones para las elecciones de 2017. El actual Reglamento para el Control de la Propaganda y Publicidad Electoral, aprobado el pasado 26 de noviembre de 2020 por el Consejo Nacional Electoral, contempla el control y regularización del gasto electoral en redes sociales.

Al analizar el gasto electoral de las elecciones de 2017, se encuentra que las candidaturas gastaron, en promedio, entre el 9% y 40% del gasto electoral fijado ($1.922.504) en Twitter.

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